Justicia endurece su postura y exige acreditar vínculo biológico o tramitar una adopción
El Gobierno ha dado un paso más en su política restrictiva respecto a la gestación subrogada al emitir una nueva instrucción que prohíbe expresamente la inscripción directa en el Registro Civil español de los menores nacidos mediante esta práctica en el extranjero. A partir de ahora, las familias que recurran a la maternidad subrogada en otros países no podrán registrar al menor automáticamente, incluso si cuentan con una resolución judicial extranjera.
Según fuentes del Ministerio de Justicia, solo se permitirá la inscripción si se acredita un vínculo biológico entre el progenitor y el menor o si se tramita una adopción conforme a la legislación española. La medida busca “evitar el reconocimiento automático de una práctica prohibida en nuestro país” y garantizar “la seguridad jurídica del ordenamiento”, en palabras de un portavoz del departamento dirigido por Félix Bolaños.
La gestación por sustitución está prohibida en España desde 2006, al considerarse contraria a los derechos fundamentales, especialmente a la dignidad de la mujer. No obstante, en la última década, miles de parejas han recurrido a clínicas en países como Estados Unidos, Ucrania, Canadá o Georgia para convertirse en padres a través de esta vía, y luego han solicitado la inscripción del menor en el Registro Civil español, en muchos casos con éxito.
Con esta nueva instrucción, el Ejecutivo endurece el acceso a esa vía legal, cerrando la puerta a quienes buscaban una inscripción directa sin trámite previo. A partir de ahora, si no existe una prueba genética que vincule al menor con uno de los progenitores españoles, solo será posible acceder al reconocimiento legal del niño mediante una adopción posterior.
La decisión ha generado un amplio debate social y político. Mientras sectores feministas y defensores de los derechos de la infancia aplauden la medida como un paso en la protección frente a la mercantilización del cuerpo de las mujeres, asociaciones de familias por gestación subrogada la califican de “cruel” y “desconectada de la realidad”, advirtiendo de que puede dejar a los menores en un limbo jurídico.
El Ministerio de Justicia asegura que se respetarán los derechos del menor en todos los casos, pero insiste en que “la legalidad debe prevalecer” y que esta medida tiene como fin último garantizar que el marco normativo español no sea burlado a través de prácticas extranjeras.
La instrucción entra en vigor de forma inmediata y afectará a todos los expedientes nuevos. Los casos anteriores no se revisarán de forma retroactiva, aunque se prevé un control más exhaustivo en los consulados y registros civiles.