Especialistas en Protección de Datos

Nuestro despacho ofrece una solución integral de adaptación a la LOPD GDD (Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de Datos Personales y de Garantía de Derechos Digitales) y al RGPD – Reglamento General de Protección de Datos (UE 2016/679), proporcionando un servicio orientado a las necesidades de cada cliente, asesoría, formación, seguimiento, auditoría y, por tanto, la máxima garantía de una verdadera adecuación a la normativa.

ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD DE INFORMACIÓN

Nuestro despacho está especializado en Seguridad de la Información y Derecho de las nuevas tecnologías con más de 15 años de experiencia. Disponemos de especialistas en diferentes ámbitos y sectores.

ÁREAS DE ACTUACIÓN

Las áreas de actuación que incluye el servicio de adaptación son:

  • Diagnóstico inicial
  • Elaboración del Documento de Seguridad y/o Evaluación de Impacto
  • Elaboración del Sistema de Gestión de Privacidad
  • Formación del personal
  • Seguimiento y Auditoría
  • Asesoramiento jurídico
  • Comunicaciones a la AEPD
  • Etc.

Compliance

Las últimas reformas operadas en el Código Penal han introducido importantes novedades en el ámbito mercantil: la Responsabilidad Penal de las Empresas y la Prevención como la única vía eficaz para evitar esta responsabilidad.

Por ello, la forma de evitar que las sociedades mercantiles puedan ser imputadas por la comisión de hechos de carácter delictivo es el establecimiento de un Programa de Compliance que garantice en todas los ámbitos internos de la Sociedad, el cumplimiento de la Ley.

El fraude fiscal, la estafa, la competencia desleal, el levantamiento de bienes o los delitos contra el medio ambiente, son algunos ejemplos de los hechos por los que una sociedad puede ser declarada culpable, y la sociedad podrá ser condenada al pago de una multa, a la suspensión de actividades, a la clausura temporal de locales, o incluso la intervención judicial de la sociedad.

El objetivo es el alcance de un sistema de organización de su empresa basado en los principios del buen gobierno, proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad, que le permitan evitar qué en un futuro su empresa se vea implicada en un procedimiento penal de consecuencias imprevisibles.